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La Ley de Dependencia, además de responder a una urgente necesidad social, “constituye una de las mejores formas de alcanzar un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible de creación de empleo”. Así lo han asegurado Ángel Rodríguez Castedo, ex director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), y Antonio Jiménez Lara, sociólogo, en la presentaron del libro La atención a la dependencia y el empleo de la Fundación Alternativas, que tuvo lugar el martes en Madrid.

Ángel Rodríguez Castedo y Antonio Jiménez Lara, durante la presentación del libro.

Jiménez subrayó que “se trata de un sector que, ante una coyuntura absolutamente desfavorable, no sólo se ha mantenido sino que ha generado alrededor de 100.000 puestos de trabajo debido al efecto de la Ley de Dependencia ”. Estas cifras, que se recogen en la Encuesta de Población Activa (EPA) y en los datos de afiliación a la Seguridad Social, demuestran el “enorme potencial de este ámbito de actividad para generar riqueza, empleo y actividad económica”, señaló Jiménez.

En este informe, se constata el impacto de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sobre el empleo en sus tres primeros años de aplicación; se describe el crecimiento económico derivados de diversos factores asociados a una adecuada gestión del SAAD; y se analizan una serie de propuestas orientadas a aprovechar “el enorme potencial de creación de empleo y de riqueza de la atención a la dependencia ”.

Medidas anticrisis
En respuestas a los periodistas, el ex director general del IMSERSO  apuntó que el hecho de que el Gobierno haya quitado el carácter retroactivo de la Ley de Dependencia  “no tiene porque incidir en las personas que no están recibiendo las prestaciones”. En su opinión, la eliminación de esta particularidad “resultará positiva” para la atención a los beneficiarios, ya que las administraciones deberán “espabilarse” para realizar el dictamen y dar la prestación en seis meses porque, en caso contrario, tendrán que computar y pagar atrasos. Por otra parte, cree que se da un aspecto “negativo” en el sentido de que a las Comunidades Autónomas que no han gestionado correctamente el servicio o la prestación económica, “les viene como una amnistía”.

Jueves 20 Mayo 2010

Redacción Júbilo
 

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