Un informe de PWC revela la necesidad de establecer un sistema de acreditación definido
Price Waterhouse Coopers (PWC) presentó ayer el informe ‘Situación del Servicio de Atención Residencial en España’, un estudio del que se desprende que para lograr la sostenibilidad del sistema se debe establecer una colaboración público-privada más eficiente. Además, señala la necesidad de fijar las tarifas de las plazas que concierta la Administración según el coste real de los servicios, para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las públicas.
Los autores de la investigación sostienen que, según avanza el desarrollo de la Ley de Dependencia, disminuye la atención residencial en favor del cuidado familiar, una figura que la norma prevé como excepcional y que representa casi la mitad de las prestaciones. En este sentido, existen CC.AA. con más de un 80% de prestaciones en forma de cuidadores familiares. Además, el informe revela una aplicación diferente de la Ley por CC.AA., puesto que unos territorios están más favorecidos que otros sin seguir “criterios coherentes y unificados’’.
Plazas Residenciales
Los servicios profesionales de atención a la dependencia constituyen un “gran generador deempleo estable y no deslocalizable’’. Por ello, los responsables del informe recomiendan la priorización de éstos según el grado de dependencia frente a los cuidados familiares, ‘‘que no generan puestos de trabajo ni retorno económico’’. Asimismo, recalcan que “resulta esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad igual en todo el país y que, sin duda, llevará implícita una reconversión del sector’’.
PWC presentó el informe en una jornada que organizó, junto con la Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Dependencia (AESTE ), en Madrid para analizar la situación del sector residencial.